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¡Estefaníiiiiiiiiiiiaaaaaa! Se ha convertido en el grito y meme de la semana en España, ¿por las razones equivocadas o por las razones correctas? El debate sobre los límites del humor está a la orden del día. Entre otras cosas, porque la hiperconexión a la que nos exponemos tiene su parte buena y su parte mala. Tener un aparato electrónico que nos permite estar en contacto con todos los usuarios de Internet nos hace la vida más fácil y la capacidad de convertirnos en líderes de opinión nos empodera, pero también nos puede poner en situaciones desagradables.
¿Será que el auge de Internet ha hecho que nos guste "hacer sangre" con bromas que son graciosas sólo para algunos y que, en la mayoría de los casos, para sus propios protagonistas son motivo de verguenza y dolor? En el humor malentendido reside casi cualquier cosa, incluso algunos delitos informáticos como la sextorsión.
Todos estamos expuestos a las cámaras de los desconocidos que pasean por la calle con el teléfono móvil en mano. Ver caídas, situaciones extravagantes o cámaras ocultas de desconocidos en plataformas como YouTube es un pasatiempo más para las tardes de domingo. Incluso algunos gimnasios han sancionado a sus miembros por pillarles haciendo bromas sobre cómo entrenan otros abonados.
Pero ¿qué hay detrás de todo eso? La difusión de contenido en Internet es sencilla. Tan sencilla como pulsar el botón de ‘Reenviar’ a un grupo de Whatsapp en el que hay más de 20 personas. Y, a su vez, esas 20 personas podrán reenviar el contenido a otros grupos de Whatsapp con otras 20 personas. Así, pulsando un botón estaremos contribuyendo a difundir una imagen o vídeo. Para bien o para mal. El ejemplo es igual de malo si solo es un grupo de Whatsapp. Y si sólo tiene cinco personas. Lo viral es, precisamente, un virus, que sabemos dónde empieza pero no cómo de grande puede hacerse.
Por eso, la Agencia Española de Protección de Datos ha lanzado una campaña de concienciación sobre esta problemática para intentar sensibilizar sobre los daños físicos y psíquicos que podemos producir a una persona cuando distribuimos un contenido en el que aparece, sin su consentimiento.
“Fue acosado en el instituto porque Román le sacó una foto mientras le pegaban en el patio y se la pasó a Marina. Ella la subió a Stories y se hizo viral. No es por la foto, es por todo lo que hay detrás”, describe uno de los vídeos de concienciación de la AEPD.
“Se suicidó porque su novio la grabó en un momento íntimo y se lo pasó a Rodrigo. Rodrigo se lo reenvió a sus amigos y lo subieron a un canal con más de 13 millones de suscriptores donde todos vieron el vídeo en el que aparecía”. Es otra de las historias que cuenta la Agencia Española de Protección de Datos.
La campaña lanzada por la AEPD no está dirigida solamente a las víctimas de estos vídeos virales, sino a todos aquellos conocedores de la situación y que contribuyen a la difusión de estos contenidos. Si lo piensas, recibir un contenido de estas características y difundirlo tú también te convierte en cómplice. Hasta el mero hecho de recibirlo y no denunciarlo es prácticamente una omisión de socorro.
Es muy frecuente recibir vídeos o imágenes de contenido sexual o violento en nuestros chats de amigos. La pregunta que debemos hacernos entonces, y que la AEPD quiere hacernos, es: ¿Debo contribuir a su difusión?
En el artículo 18, la Constitución Española garantiza como derecho fundamental el honor, la intimidad y la propia imagen. Siendo derechos personales, irrenunciables e intransferibles y que, por tanto, la propia persona puede recurrir e impedir a la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por parte de un tercero no autorizado.
Además, el artículo 197 del Código Penal establece una pena de prisión de entre tres meses y un año a quien, “sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros”.
Pero la ley española no se queda solo ahí. El sufrimiento de una persona protagonista de un vídeo sexual o violento se incrementa a la vez que su intimidad se ve expuesta y el número de personas que visualizan el contenido aumenta. Por ello, el apartado de 197 bis del Código Penal castiga también a los terceros que facilitan el acceso a otros usuarios con una pena de seis meses a dos años de cárcel.
La Agencia Española de Protección de Datos ha lanzado Canal Prioritario para comunicar la difusión ilícita de contenido sensible y solicitar su retirada. “Canal Prioritario es un sistema que tiene como objetivo dar una respuesta rápida en situaciones excepcionalmente delicadas, como aquellas que incluyen la difusión de contenido sexual o violento”, dice la propia AEPD en la web.
Cualquier usuario puede solicitar la retirada de imágenes, vídeos o audios sensibles que circulen por Internet sin el consentimiento de las personas afectadas. Y, de este modo, evitar el daño y humillación pública que sufren las víctimas. Da igual lo inocuo que te pueda parecer, existe un deber ciudadano en denunciarlo. No se trata de un debate sobre lo que es humor y lo que no es humor; se trata de lo mal que se puede estar sintiendo la persona que aparece en el vídeo o la gente a la que le importa esa persona.
Desde su lanzamiento en septiembre de 2019, la Agencia Española de Protección de Datos ha recibido hasta 53 reclamaciones a través de Canal Prioritario. Los casos de acoso a menores, violencia sexual contra las mujeres, homofobia o xenofobia son los más reclamados.
Estamos bastante más concienciados sobre donar sangre, e incluso órganos, que sobre proteger la dignidad de las personas que comparten el espacio de lo público con nosotros. Sabemos que donar sangre salva tres vidas. ¿Pero sabemos cuántas podrían salvarse por detener la viralización de un contenido sensible?
Lo que a primera vista puede parecer un chivatazo o cortar el rollo a una broma por Whatsapp, en realidad es una oportunidad que tienes al alcance de tu móvil para ayudar a que una persona salga de una situación desesperante que muchas veces puede llegar a tener una consecuencia extrema.
Y no son casos remotos, ni escasos.
Tampoco son casos exclusivos de adolescentes. En España, en los últimos años, se ha incrementado la estadística de suicidios e intentos de suicidio motivados por acoso, muchos de ellos vinculados a la difusión de contenido sensible a través de recursos digitales. Muchos de ellos ocurridos en el seno de grandes empresas.
De hecho, en España sólo el 10% de las empresas tiene establecido un protocolo contra el acoso, como parte de sus políticas de riesgo laborales, en contraste con las más de 2.000 denuncias por acoso que se han registrado desde 2008.
